La coalición ha mostrado su preocupación después de que el Gobierno de García-Pelayo convocara un pleno relámpago y aprobara una modificación presupuestaria para contar con crédito con el que satisfacer casi 5 millones de euros, la mayor parte de ellos en gratificaciones y productividades de dudosa justificación, con un expediente que el Interventor Municipal ha calificado como “discutible”.
Raúl Ruiz-Berdejo (IU Jerez), concejal de La Confluencia: “Nos preocupa que el pago de favores de Pelayo, vía productividad y gratificaciones a determinados actores, esté poniendo en peligro la nómina de la plantilla municipal y que pueda terminar justificando la vuelta a sus políticas de deterioro de servicios públicos y privatizaciones que tan bien recordamos en este Ayuntamiento”
Kika González (Ganemos Jerez), concejala de La Confluencia: “Que más de la mitad de la cantidad solicitada vaya a destinarse a un colectivo minoritario de trabajadores y trabajadoras de la plantilla muestra claramente las prioridades políticas del partido popular de otorgar privilegios. Estas formas ya las conocemos y nos tememos que vayan a ser el modo de justificar medidas drásticas para la plantilla y la eliminación de políticas públicas para la ciudadanía”.
15 de Noviembre de 2023
La Confluencia asegura que con nocturnidad -convocando un pleno extraordinario y urgente la tarde-noche antes de su celebración- y alevosía, el Gobierno Local del PP ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante una modificación de crédito con la que justificar el incremento de casi 5 millones de euros en el Capítulo 1 del Presupuesto, la mayor parte del cual corresponde a gratificaciones y productividades a un selecto grupo de trabajadores y trabajadoras bajo riesgo de no poder hacer frente al pago de la nómina de diciembre, como la propia García Pelayo ha reconocido en el transcurso del Pleno.
La Confluencia de Izquierda Unida y Ganemos lamenta que el Gobierno del PP haya tardado sólo 6 meses en poner en riesgo el pago de la nómina, cosa que la propia Pelayo ha reconocido, y que lo haya hecho repartiendo privilegios de dudosa legitimidad. Además, la modificación de crédito, parte de la cual va destinada a repartir prebendas, ha sido aprobada en un Pleno Extraordinario y Urgente, convocado de forma relámpago con una convocatoria realizada la noche antes y un informe de Intervención que califica como “discutible” la medida aprobada.
En este sentido, Raúl Ruiz-Berdejo (IU), concejal de La Confluencia explica que “nos preocupa que el pago de favores de Pelayo, vía productividad y gratificaciones a diferentes actores, esté poniendo en peligro las nóminas de la plantilla municipal”, significando ésto que vuelvan al Ayuntamiento aquellos tiempos oscuros de impagos y despidos, así como sirva para “terminar justificando la vuelta a sus políticas de deterioro de servicios públicos y privatizaciones que tan bien recordamos en este Ayuntamiento”.
Por su parte, Kika González (Ganemos Jerez), concejala de La Confluencia, argumenta que “más de la mitad de la cantidad solicitada vaya a destinarse a un colectivo minoritario de trabajadores y trabajadoras de la plantilla muestra claramente las prioridades del Partido Popular de otorgar privilegios. Estas formas ya las conocemos y nos tememos que vayan a ser el modo de justificar, más adelante, medidas drásticas para la plantilla y la eliminación de políticas públicas para la ciudadanía”.
Si bien es cierto que estos modos usados por el Partido Popular no suponen ninguna sorpresa porque es su forma de hacer políticas, resulta de una enorme irresponsabilidad que el Ayuntamiento de Jerez vuelva a encontrarse ante una situación difícil para afrontar las nóminas de la plantilla municipal bajo la gestión del Partido Popular y de la alcaldesa María José García-Pelayo. La estabilidad laboral y el cumplimiento en el pago de las nóminas a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Jerez deben ser una prioridad para cualquier gobierno, siendo ésta la manera para que el Ayuntamiento funcione como es debido y los jerezanos y jerezanas sigan teniendo garantías de la prestación de servicios públicos.
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